Un horizonte hacia el que seguir caminando, por Joseba del Valle

(Artículo publicado en el número 29 de Enero de 2017 de la Revista Canna habla)

Las esperanzas de muchos ciudadanos en conseguir, a través de las urnas, un cambio significativo hacia un modelo político más abierto, más social y más solidario se han visto recientemente machacadas una y otra vez por la cruda realidad de los resultados electorales. El contexto de crisis generalizada, unido a otros miedos y recelos cada vez más cimentados en la sociedad, han provocado que en muchos países se pueda observar un giro hacia posturas liberales en lo económico y conservadoras en lo social, algo que afecta de forma inequívoca a las pretensiones de cambiar ciertas políticas públicas hacia unas más abiertas, como ocurre con las políticas de drogas.

 

En EEUU el terremoto Trump ya ha empezado a desestabilizar los cimientos de la regulación del cannabis. Si bien durante la etapa de Obama al frente de la casa Blanca el mandatario norteamericano no dio demasiados pasos hacia la consecución de una ley federal en torno al cannabis, sí es cierto que este dio plena libertad a los estados para regular esta cuestión, comprometiéndose a no ir en contra de las decisiones democráticas tomadas en cada territorio. Trump, sin embargo, ya ha movido su primera ficha en esta partida nombrando al declaradamente prohibicionista Jeff Sessions, quien ya ha realizado distintas declaraciones públicas en contra de la regulación del mercado de cannabis como fiscal general del país.

 

Pese a ello, coincidiendo con las elecciones presidenciales, los votantes de California, Arizona, Nevada, Massachusetts y Maine sí que mostraron su apoyo a distintas iniciativas estatales para legislar el consumo recreativo de marihuana sumándose a Alaska, Washington, Colorado, Oregón y el Distrito de Columbia. Además, Arkansas, Florida, Dakota del Norte y Montana decidieron aprobar el empleo de la marihuana con fines medicinales, un aspecto que ya estaba regulado en otros veinticinco estados de la nación. Evidentemente, el peso de lo económico en todas estas regulaciones ha sido clave para sacarlas adelante, más que la visión social, algo que nos permite entender estas contradicciones.

 

En España las cosas no pintan mucho mejor. Las esperanzas de grandes sectores del movimiento cannábico sobre un cambio hacia un gobierno más progresista se han dado de bruces contra unos resultados que han vuelto a dar el gobierno al Partido Popular. Si bien esta legislatura no tendrán las herramientas que les otorgaba su anterior mayoría absoluta para bloquear ciertas propuestas, no cabe duda que volverá a haber enormes dificultades para conseguir permear en su perenne discurso.

 

En esta línea, el nuevo Fiscal General del Estado, el magistrado José Manuel Maza, pese a no haberse pronunciado públicamente ni a favor ni en contra del cannabis, participó de las deliberaciones de algunos de los casos que llegaron a la sala 2 del Tribunal Supremo durante 2015, entre ellos el caso de la asociación vizcaína Pannagh. En estas deliberaciones Maza se posicionó del lado restrictivo, algo que nos ofrece ya pistas sobre su talante en este ámbito. Ahora tocará ver si realmente es beligerante con esta cuestión y desde la Fiscalía se vuelve a las andadas con alguna otra instrucción, o si su postura es más neutra, algo poco probable con estos antecedentes.

 

Por otro lado, parece que Francisco Babín continuará una legislatura más como Delegado del Plan Nacional Sobre Drogas. De todos es sabido que la posición ultraconservadora de Babín en torno a las políticas de drogas garantiza unos cuantos años más de cerrazón en esta cuestión, y unos cuantos años más de mantenimiento de una postura más prohibicionista de España en los foros internacionales.

 

Por su parte, el movimiento cannábico español sigue luchando en diferentes frentes. A los avances logrados en diversos parlamentos autonómicos se suma la estrategia de la plataforma Regulación Responsable de crear una ponencia, por medio de una Proposición No de Ley, para comenzar a debatir la regulación del cannabis en España en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado, para el estudio del problema de las drogas. Esta Comisión se constituyó el pasado 16 de noviembre en el Congreso de los Diputados. La representante del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Quintanilla Barba, fue nombrada presidenta de la Comisión. Tanto la Presidencia como toda la Mesa de la Comisión Mixta fue elegida por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

 

Nadie dijo que fuera a ser fácil. Si bien durante años parecía que las cosas fluían inexorablemente hacia un futuro de regulación, la realidad nos dice que esto no está tan cerca como creíamos y que la pelea va para largo. Como decía el gran escritor Eduardo Galeano: “la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”.

2017-09-02T00:27:45+00:00

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